Ante las contradicciones del gobierno, esperamos claridad

Si bien hasta el momento no hay una propuesta concreta y el gobierno informa que en los próximos días ingresará al parlamento un proyecto de ley sobre migraciones, los anuncios hechos en la prensa van desdibujándose desde los titulares efectistas -el respeto de derechos humanos (mencionado, por lo demás en el último lugar por las autoridades), la creación de nuevo Servicio de Nacional de Migraciones, un proceso de regularización, etc.- a propuestas cada vez más restrictivas -visas consulares, aumento de controles, restricciones-.

Esta forma de plantear la ley evidencia una dualidad y doble discurso cuando las autoridades hablan de los derechos humanos de los migrantes, de la mano de las restricciones al acceso de ciertas nacionalidades -aun no definidas-, a partir de visas consulares, cuyos resultados ya hemos podido conocer en el caso de las personas dominicanas.

Otro aspecto a cuestionar es la descordinación y poca transparencia con la que las autoridades han manejado las acciones legislativas, donde incluso los propios parlamentarios de Chile Vamos no sabían bien de que se trataba la política migratoria hasta el lunes 26, tras una reunión con el subsecretario Ubilla a la que no todos fueron invitados, y sobre la que algunos se enteraron por la prensa.

De más está decir que la sociedad civil, el mundo académico y las organizaciones de migrantes no han sido informados ni consultados, pese a haber trabajado años sobre este tema, siempre desde una mirada propositiva.

Es así como creemos que la campaña del gobierno aparece como una operación con mucho eclecticismo (lenguaje de derechos y práctica no acorde) que genera confusión.

Si el gobierno de Chile quiere honrar sus compromisos internacionales, debe tener en cuenta que los temas de los derechos humanos de las personas en movilidad humana no son condicionables ni divisibles ni deben ser utilizados para manipulaciones comunicacionales.

La insistencia en mayores controles a los existentes, emanados de la ley de la dictadura, solo promueve la migración irregular y el tráfico de personas. Un ejemplo de esto es lo que está ocurriendo en fronteras en el norte con medidas restrictivas que hacen que los traficantes se les incremente el negocio y sigan engañando gente y haciéndoles pasar por lugares no habilitados. Esas personas les pagan creyendo que luego podrán regularizarse en el país.

La discrecionalidad en las normas se traduce fácilmente en arbitrariedad, como en el caso de los 62 haitianos que luego de estar confinados durante varios días en el aeropuerto, fueron expulsados del país, lo que nos llevó en llegar a la Corte Suprema, organismo que definió que el trato dado a los haitianos fue abusivo e ilegal.

El proyecto ley debe considerar la regularización de todos aquellos que hoy están en situación irregular. Esto es una necesidad que implica reconocer que no son delitos las faltas migratorias y que una política inclusiva tiende a facilitar la regularización desde la ley y las medidas administrativas.

Esta regularización debe comprender a quienes entraron por paso no habilitados y que cumplan con requisitos necesarios a su regularización y en el caso que alguna de estas personas fuera rechazada, las razones deben estar claramente explicitadas en la ley igual que en el caso de quienes no dejen ingresar en la frontera. No se puede dejar la puerta abierta para expulsar a personas sin el debido proceso.