Propuestas DEL MAM para avanzar hacia una nueva legislación y política migratoria

demEl Gobierno anterior envió al Congreso un Proyecto de Ley sobre Migración y Extranjería  (MENSAJE Nº 089-361) para reemplazar la Ley 1094 cuyo carácter hace énfasis en  seguridad nacional; sin embargo dicho proyecto  es esencialmente regresivo dado que el enfoque funcional que tiene sobre la migración lo aparta de los principios esenciales sobre los que se conciben los derechos humanos.
La comunidad de personas en movilidad, articuladas en distintas organizaciones que forman parte del Movimiento Acción Migrante propone un nuevo proyecto de Ley ,  ya sea a través de una nueva o  a través de  indicaciones sustitutivas al MENSAJE Nº 089-361.
Una ley que trabaje   por construir con la comunidad inmigrante y los actores sociales involucrados  una  Política Migratoria , que vele por la dignidad humana, que se centre en la organización más que en la restricción y que  no  pretenda construir la gestión migr
atoria desde una óptica de mercado.
En cuanto a los principios de la Nueva Ley
  1. La legislación migratoria que reclamamos debe partir por reconocer en sus enunciados, que la libre circulación es un derecho de primera generación. Por lo que debe existir una modificación constitucional del artículo 19 No. 7 punto a, en lo referente a que especifique el concepto “persona” como  nacional o extranjera.

Con esta aclaración  se  permitiría el cumplimiento de Chile con los siguientes tratados internacionales:

  • Declaración Universal de Derechos Humanos. Arts. 13, 14
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 12 y 13
  • Convención Americana de Derechos Humanos: Art. 22
  • Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares: Art. 39
  1. La nueva ley migratoria debe garantizar el principio de igualdad de las personas en movilidad humana, para lo cual debe adecuar su reglamentación interna con los articulados que la conformarán, de manera tal que se cumplan los instrumentos internacionales que Chile ha ratificado:
  • Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 1 y 2
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 2, 3 y 26
  • Convención Americana de Derechos Humanos: Arts. 1 y 24

Consideramos la igualdad como la generación de paridad entre las personas nacionales y extrajeras que posibilita “el ejercicio pleno de sus derechos, sin discriminación o subordinación, lo que conlleva la autorrealización individual y el mutuo reconocimiento de las diferencias entre los seres humanos”.

Por lo tanto  debe ser consistente con un nuevo sistema de visas que permita organizar la migración más que restringirla, la nueva ley migratoria debe expresarse en un reglamento que no lo desvirtúe y en programas sociales que garanticen los derechos humanos de nuestra comunidad.

 

En cuanto a los convenios e instrumentos internacionales

 

  1. Solicitamos el respeto a los convenios  internacionales  así como los establecidos tanto de forma  bilateral como multilateral y en el caso específico de la seguridad social respetar y hacer cumplir el artículo 32 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares por lo que :
  • Con el fin de garantizar la igualdad de las y los trabajadores no calificados en cuanto a la libre movilidad de los fondos ( en tanto se hayan realizado las cotizaciones correspondientes),
    1. solicitamos la modificación de la Ley 18.156 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social aprobada en 1982 en cuanto a que su aplicación sea también para ell@s, además solicitamos  la eliminación de su artículo No. 1 a los sobre los requisitos de movilidad,  considerándolos como exigencias  que vulneran los  principios de no discriminación.
  • Solicitamos la ratificación del Acuerdo de Residencia Mercosur ampliado para Colombia, Perú y Ecuador que permite acceder a una visa temporal por un año, y que según varios estudios tendría un impacto decisivo al disminuir los trámites de visas otorgadas, debido a que en los últimos años, el 77% de las personas en movilidad provienen de países del Mercosur.
  • Invitamos a buscar otros acuerdos o convenios internacionales que puedan apoyar la recuperación de los derechos de ciudadanía perdidos por la irregularidad migratoria, a ciudadanas y ciudadanos del Caribe y otros lugares del mundo y que la reglamentación en el acceso a Chile  sea clara y se garantice.

 

En cuanto a los derechos políticos y civiles:

  1. Reformar del artículo 14 de la Constitución para hacerlo consistente con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Chile en cuanto a la opción que tenemos las personas en movilidad de acceder a cargos públicos de elección popular sólo después de cinco años de estar en posesión de las cartas de nacionalización , dando cumplimiento al artículo 42 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

 

  1. Garantizar los derechos políticos y civiles de la comunidad migrante y que en ningún caso se vulneren,  como actualmente sucede a través de los  Art. 15 N° 1 o del  Art. 65 N° 3 de la  Ley migratoria No. 1094  ya que cimientan la discrecionalidad o arbitrariedad funcionaria para la expulsión contraviniendo el Art. 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que Chile ha ratificado.

 

  1. Desarrollar programas de formación en derechos humanos para funcionarios de frontera y de servicios públicos para la atención de migrantes,  con el fin de fortalecer el cumplimiento del art. 20 y 21 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares

 

  1.             Reconocer y estimular la participación de la comunidad migrante en los Consejos de la Sociedad Civil y en el Consejo Nacional para la Participación Ciudadana, así como crear el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil Migrante a nivel nacional,  que incluya las  regiones y comunas con presencia relevante de población migrante a través de sus organizaciones o delegados, cuyo carácter sea  de  interlocución  y  legitimidad entre la sociedad civil y autoridades migratorias y/o el Consejo Político-Técnico (a nivel nacional), y con las autoridades políticas regionales y municipales (en los otros niveles

 

  1. Normar el procedimiento para la obtención de visas de residencia temporal (1 año) para  niñas y niños que acceden a la matrícula escolar y a los programas de atención de Niña/o Sano, así como para las mujeres embarazadas y/o víctimas de violencia intrafamiliar, quienes estando en una situación de irregularidad migratoria deben ser atendidas en el sistema de salud.

 

  1. La ley debe desarrollar la prohibición reglamentaria de no identificar a ninguna persona como ilegal desde dos perspectivas: la primera, evitando el uso de este calificativo sobre las personas en situación de movilidad, estableciendo sanciones para quien lo haga, sea en el ámbito público o privado; y la segunda, en el tratamiento que la legislación dé a las personas en condición irregular, al momento de ingreso, de salida y permanencia; y para quien la situación irregular sea transitoria.  Esto implica un cambio sustancial en temas como la deportación, la determinación de requisitos de ingreso y salida de personas.

 

  1. El Estado debe trabajar para garantizar que todas las personas en movilidad humana tengan una nacionalidad por lo que debe establecer de forma permanente que  las hijas e hijos de personas en condiciones de irregularidad  accedan a la nacionalidad chilena. Para esto es necesario que se defina el concepto “de “extranjero transeúnte”  modificando el artículo 10 de la Constitución o en su defecto hacer un alcance a su  decreto No.5.142 del año 1960 sobre acceso a la nacionalidad, que establezca dejar en  manos de los tutores de niñas y niños la posibilidad de decidir sobre la nacionalidad antes de cumplir su mayoría de edad y poder ratificarla cuando lo sean. De esta manera se evita la apatridia de niñas y niños nacidos en Chile cuyos padres estén indocumentados.

 

 

En cuanto a los derechos sociales:

  1. Derogar el DS 49 de la Ley del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para sustituir la exigencia de 5 años de permanencia definitiva, para los efectos de postulación y acceso a los programas de subsidio a la vivienda.
  2. Solicitamos que los procedimientos para el reconocimiento de títulos profesionales y técnicos obtenidos en el exterior o estudios a ser completados se puedan realizar con otras universidades a parte de la U. de Chile, sobre todo de aquellas universidades que tienen sede en los países de origen.
  3. En cuanto a los gobiernos locales ( Municipios)

 

  • Crear estándares mínimos que permitan establecer el lineamiento de trabajo y funcionamiento de las Unidades o programas de Migrantes y Refugiados en función de las mejores prácticas de aquellos Municipios que han mejorado ostensiblemente la calidad de vida de la comunidad migrante.
  • Impulsar la incorporación de profesionales y técnicos de la comunidad migrante como parte del personal que está a cargo de atender directamente el tema migratorio (tanto a nivel central, como en los municipios. Entre ell@s la creación de mediadores multiculturales
  • Impulsar iniciativas de emprendimiento de nuestras comunidades con el fin de mejorar la inserción económica y laboral.
  • Sustituir la ficha de protección social generando un nuevo mecanismo que arremeta contra la exclusión.
  • En cuanto a la capacitación laboral, aplicar un procedimiento de postulación especial que considere como causal de solicitud, la de inmigrantes patrocinad@s por  otras instituciones (Consulado u organización reconocida por el Estado chileno, que agrupe a inmigrantes y que vele por el respeto a sus derechos ciudadanos) dando el cumplimiento del artículo 43 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares:

Implementación establecida

El o la interesada debe entregar en la institución que ofrece los cursos, OTEC: la Ficha de Postulación Especial y la carta de presentación de la institución patrocinadora. El OTEC envía al SENCE los antecedentes y es ésta entidad es la que resuelve si acepta o no la postulación al curso solicitado.

 

  1. Que los Municipios puedan actuar a través de sus Oficinas o Programas de Migrantes como avales para los contratos de arriendo.
  2.  Establecer dentro de los programas de atención de salud mental y de salud sexual y reproductiva, a nivel primario, una atención específica para la población migrante, particularmente femenina, que enfrenta tensiones que derivan del desarraigo, el distanciamiento o desarticulación de su núcleo familiar, , falta de redes sociales etc.
  3. Capacitar a los funcionarios del Sistema de Salud sobre el derecho que tiene toda persona migrante a la atención de urgencia independientemente de su situación migratoria tal como lo establece el art. 28 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares

 

La causa principal de la vulneración de estos derechos, es la ausencia de una política nacional integral que garantice a todas las personas un pacto social común, independientemente del lugar de nacimiento y país de residencia” Red Chilena de Migración e Interculturalidad 2011

 

En cuanto a la seguridad de la persona en movilidad humana

  1. La acción integral y concertada contra la Trata de Personas y el Trafico Ilícito de Migrantes,  debe ser una preocupación y prioridad en la gestión y gobernanza de las migraciones. Reclamamos una acción concertada con los países vecinos y de los que proceden las personas víctimas de estos delitos para enfrentarlos con eficacia.
  2. Garantizar el principio de unidad familiar respondiendo a las nuevas realidades  que existen;  a los nuevos actores (tutores, curadores)  situaciones , personas mayores de edad que se encuentren aun en situación de dependencia, en el afán de impulsar el ejercicio de derechos y la protección a cada uno de esos miembros que están consagrados en:
  • Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículo 16.
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículo: 17, 19, 23, 24.
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Artículo 10.
  • Convención Americana de Derechos Humanos: Artículos 17 y 19.
  • Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares: Artículos 44 y 45.

 

  1. Acoger a las personas refugiadas a la protección internacional que les es debida según los convenios suscritos con anterioridad a la dictación de la actual Ley de Refugio de manera que se respete :
  • Convención Americana de Derechos Humanos: Art. 22 n.8
  • Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados: Art. 33 p.1
  • Convención de 1984 contra la tortura: Art. 3
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 22 n.8

 

  1. Eliminar de la visa sujeta a contrato las siguientes condiciones:
  • El empleador inscriba en el contrato su compromiso de pagar un pasaje de retorno al país de origen al trabajador y a su familia una vez que el contrato expire.
  • El trabajador debe quedarse al menos dos años con el mismo empleador antes de poder iniciar los trámites para una visa de carácter indefinido.
  • El contrato debe estar firmado ante notario.

En estas condiciones pocos empleadores se atreven a firmar un contrato con trabajadores inmigrantes y fomenta la irregularidad de forma cíclica por lo que se transgrede el artículo 45, entre otros, de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

 

  1. En el intertanto del proceso para la promulgación de esta nueva Ley de Migración, instamos a las autoridades a decretar un nuevo Proceso de Regularización Migratoria, que se extienda por un período mínimo de 8 meses, y que cubra a quienes hayan migrado a Chile hasta 6 meses antes de la convocatoria al proceso de regularización.

 

 

 

Suscribimos esta declaración:

MOVIMIENTO DE ACCION MIGRANTE

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